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Se acaba de aprobar en México la Ley de Maternidad Subrogada, y entrará en vigor en enero del próximo año.
Esta Ley servirá para regular un fenómeno que de hecho ya existe en el país: El de las madres de alquiler.
Si bien esta práctica es la salvación para muchas parejas que no pueden tener hijos, la aprobación de la Ley está enfocada (por lo menos así lo ven algunos) en los beneficios económicos de aquellas mujeres que "alquilan" sus úteros.
Aunque está claro que el "alquiler de úteros" no debe tener fines de lucro, lo cierto es que las mujeres que se ofrecen voluntarias para gestar al hijo de una pareja poco afortunada en la fertilidad suelen tener pocos recursos económicos; por lo que recurren a prestar su útero. De esta manera se les asegura alimentación y asistencia médica, y las dos partes ganan.
La Ley regula entre otras cuestiones el número de veces que una mujer puede convertirse en "madre de alquiler", y también permite la interrupción del embarazo en caso de que éste ponga en riesgo la vida de la mujer gestante, para lo cual no se necesitará de la aprobación de la pareja asistida. En este último punto algunos han expresado su desacuerdo, como el diputado panista Carlos Pizano.
A muchos les pertuba la posibilidad de interrumpir un embarazo sin importar el contexto ni las consecuencias; pero no les quita el sueño ni un poco que una mujer pueda morir en un parto. Como si el deber de la mujer fuera tener un niño a toda costa aunque le cueste la vida y deje huérfana al resto de la familia.
En el caso de las "madres de alquiler" el tema es más delicado aún. Aunque se refieran al tema de diferentes formas como "renta de úteros" o "prestar el vientre", lo cierto es que no estamos hablando de una casa o un coche. La mujer que se decide asistir a una pareja para tener hijos a través de su propio útero, pone en riesgo su salud, pues todo embarazo conlleva riesgos.
El cuerpo de una mujer embarazada sufre transformaciones que la afectan física y emocionalmente, y siempre puede existir el riesgo de una complicación. No se puede restar valor a la vida de una mujer sólo porque pone su cuerpo al servicio de una pareja que quiere tener hijos.
La mujer que presta su cuerpo sigue siendo una mujer y no se puede atentar contra su vida, mucho menos cuando presta uno de sus órganos para poder mejorar un poco su calidad de vida.
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